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jueves, 23 de marzo de 2023
Avalúo de obras de infraestructura.
miércoles, 22 de marzo de 2023
Avalúo de Recursos Naturales y Suelos de Protección
La
Importancia del Avalúo de Recursos Naturales y Suelos de Protección:
Conservación y Uso Sostenible
En un
contexto donde la explotación descontrolada de los recursos naturales puede
llevarlos hacia la extinción, es esencial considerar el valor económico de
estos bienes como una herramienta para fomentar su conservación y un uso
racional. En este sentido, el avalúo de recursos naturales y suelos de
protección emerge como una práctica fundamental para comprender y gestionar
adecuadamente estos activos ambientales.
Recursos
Naturales y Suelos Protegidos: Definición y Significado
Los
recursos naturales abarcan una amplia gama de elementos que son generados por
la naturaleza sin intervención humana directa. Desde minerales hasta aire, agua
y biodiversidad, estos recursos son fundamentales para el equilibrio y la
sustentabilidad de los ecosistemas. Por otro lado, los suelos de protección son
áreas identificadas por su importancia geográfica, paisajística o ambiental,
destinadas a la preservación de la naturaleza o a la ubicación de
infraestructuras para servicios públicos.
Avalúo
de Recursos Naturales y Suelos Protegidos: Concepto y Proceso
El
avalúo de recursos naturales y suelos de protección implica la valoración
financiera de estos activos ambientales con el objetivo de determinar su
importancia económica y establecer medidas para su conservación y uso
sostenible. Este proceso es llevado a cabo por expertos certificados que
emplean técnicas de investigación y análisis para evaluar factores como la
ubicación geográfica, biodiversidad, dimensiones del área protegida,
actividades económicas posibles, legislaciones pertinentes y valores de usos
futuros.
Importancia
del Avalúo: Conservación y Desarrollo Sostenible
La
importancia del avalúo de recursos naturales y suelos de protección radica en
su capacidad para proporcionar información precisa y objetiva sobre el valor
económico de estos activos, lo que a su vez facilita la toma de decisiones
informadas en materia de conservación y desarrollo sostenible. Al asignar un
valor monetario a estos recursos, se incentiva su protección y se promueve un
uso responsable y equitativo que beneficie tanto a la comunidad como al medio
ambiente.
Es
así, como el avalúo de recursos naturales y suelos de protección juega un papel
crucial en la gestión adecuada de nuestros activos ambientales. Al reconocer su
valor económico y su importancia para la sociedad, podemos trabajar hacia un
futuro más sostenible donde la conservación y el uso racional de estos recursos
sean prioridades fundamentales.
Existen
diversos métodos para llevar a cabo el avalúo de recursos naturales y suelos de
protección, cada uno diseñado para adaptarse a diferentes circunstancias y
necesidades. Algunos de estos métodos incluyen:
1. Método
de comparación de mercado: Este método compara el valor del terreno con
ventas recientes de propiedades similares en la misma área. Es especialmente
útil cuando hay suficientes datos de mercado disponibles.
2. Método
de costos: Evalúa el valor del terreno en función de los costos de
reemplazo o construcción de estructuras similares. Se consideran los costos de
desarrollo y mejoras necesarias.
3. Método
de ingresos o capitalización de rentas: Se utiliza para terrenos que
generan ingresos, como arrendamientos o cultivos. El valor se estima basado en
los ingresos futuros esperados.
4. Método
residual: Aplicable cuando se planea desarrollar el terreno, calcula el
valor residual después de deducir los costos de desarrollo y mejoras.
5. Método
ecológico: Evalúa el valor de los recursos naturales y la biodiversidad
presentes en el terreno, considerando aspectos como la presencia de humedales,
bosques o áreas protegidas.
6. Método
de análisis espacial: Utiliza herramientas geoespaciales para evaluar la
ubicación y características del terreno en relación con su entorno natural y
urbano.
Es
importante recordar que la elección del método adecuado dependerá del propósito
específico del avalúo y la disponibilidad de datos pertinentes para cada caso
particular.
En Consultor
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viernes, 17 de marzo de 2023
¿Piensa divorciarse? estos son los costos en Colombia.
El final de un matrimonio puede resultar en un costo significativo para la pareja que se está divorciando en Colombia. El costo del divorcio puede depender de si la pareja tiene hijos y bienes en común.
Por Camilo Delgado.
El proceso de divorcio puede ser realizado por la vía civil o religiosa, y ambos procesos implican la liquidación de la sociedad conyugal. El costo del proceso de divorcio en sí mismo varía entre $200.000 y $300.000, más los honorarios del abogado que van desde dos a cinco salarios mínimos.
En el caso de que la pareja tenga hijos, puede ser necesario realizar un proceso por alimentos, que puede costar hasta cinco salarios mínimos. El proceso de liquidación de sociedad conyugal y la liquidación de bienes también aumentan el costo del divorcio.
Si la pareja tiene bienes en común, se cancelarán derechos notariales correspondientes a un porcentaje sobre los bienes declarados para la liquidación, y el abogado puede cobrar hasta cinco salarios mínimos. En caso de sociedades con un patrimonio superior a $500 millones, el abogado puede cobrar hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv).
Si el divorcio es contencioso, con bienes y con hijos, puede durar entre seis meses y un año, lo que hace que los costos de los abogados varíen según el tiempo que dure el proceso.
Antes de tomar la decisión de casarse, es importante considerar la estabilidad emocional y económica a largo plazo, y asegurarse de tener un plan en caso de que el matrimonio termine.
jueves, 16 de marzo de 2023
La solicitud de remanentes en el proceso ejecutivo.
En el contexto de un proceso ejecutivo judicial en Colombia, el término "remanentes" se refiere a la cantidad de dinero que queda después de que se han pagado todas las deudas y costas judiciales correspondientes al proceso ejecutivo.
En otras palabras, los remanentes son el dinero sobrante que se obtiene después de pagar todas las obligaciones que se adeudan al acreedor en un proceso ejecutivo. Por lo general, estos remanentes se destinan al deudor una vez que se han agotado todas las instancias judiciales y se han pagado todas las deudas pendientes.
Es importante destacar que el proceso de distribución de los remanentes se rige por las normas del Código General del Proceso y puede variar según el tipo de proceso ejecutivo y las circunstancias específicas del caso. En general, los remanentes se depositan en una cuenta judicial y se distribuyen entre los acreedores en el orden de prelación establecido por la ley, es decir, primero se pagan las deudas de primera clase, luego las de segunda clase y así sucesivamente. Si después de este proceso aún quedan remanentes, se entregan al deudor o al tercer poseedor que haya demostrado su derecho sobre ellos.
Esta solicitud de remanentes tiene su fundamento legal en el art 466 del CGP.
ARTÍCULO 466
Persecución de bienes embargados en otro proceso.
Quien pretenda perseguir ejecutivamente bienes embargados en otro proceso y no quiera o no pueda promover la acumulación, podrá pedir el embargo de los que por cualquier causa se llegaren a desembargar y el del remanente del producto de los embargados.
Cuando estuviere vigente alguna de las medidas contempladas en el inciso primero, la solicitud para suspender el proceso deberá estar suscrita también por los acreedores que pidieron aquéllas. Los mismos acreedores podrán presentar la liquidación del crédito, solicitar la orden de remate y hacer las publicaciones para el mismo, o pedir la aplicación del desistimiento tácito y la consecuente terminación del proceso.
La orden de embargo se comunicará por oficio al juez que conoce del primer proceso, cuyo secretario dejará testimonio del día y la hora en que la reciba, momento desde el cual se considerará consumado el embargo a menos que exista otro anterior, y así lo hará saber al juez que libró el oficio.
Practicado el remate de todos los bienes y cancelado el crédito y las costas, el juez remitirá el remanente al funcionario que decretó el embargo de éste.
Cuando el proceso termine por desistimiento o transacción, o si después de hecho el pago a los acreedores hubiere bienes sobrantes, éstos o todos los perseguidos, según fuere el caso, se considerarán embargados por el juez que decretó el embargo del remanente o de los bienes que se desembarguen, a quien se remitirá copia de las diligencias de embargo y secuestro para que surtan efectos en el segundo proceso. Si se trata de bienes sujetos a registro, se comunicará al registrador de instrumentos públicos que el embargo continúa vigente en el otro proceso.
También se remitirá al mencionado juez copia del avalúo, que tendrá eficacia en el proceso de que conoce con sujeción a las reglas de contradicción y actualización establecidas en este código.
A continuación dejo una minuta que puede servir de modelo
Señor
JUEZ ......... CIVIL ..................... DE ..................
E. S. D.
No...............
REF.: EJECUTIVO DE .................... V/S. ................. y ................
RESPETADO DOCTOR(A):
........., demandante en causa propia del proceso en mención; por medio del presente escrito solicito a su Señoría se oficie al Señor JUEZ ....... CIVIL ......... DE ........., donde se encuentra en tramite el proceso EJECUTIVO DE ............................... V/S. ..................... y ......................, para que se retenga y ponga a disposición de este despacho, con destino al proceso en referencia los REMANENTES O BIENES DESEMBARGADOS, de propiedad o posesión de los aquí demandados.
La anterior solicitud es de conformidad al artículo 466 del Código General del Proceso.
Atentamente,
...................................................
C. C. No. ............ de ................
T. P. No......... del C. S. de la J.
Fundamentos de Derecho
martes, 7 de marzo de 2023
Avalúo de inmuebles rurales
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Que es la casación "persaltum"
"Casación persaltum" es un término utilizado en Colombia para referirse a un recurso de casación que se presenta directamente ante la Corte Suprema de Justicia, sin pasar por la instancia de segunda instancia o apelación.
Este recurso se conoce como "persaltum" porque se salta una instancia judicial, lo que significa que se va directamente desde la primera instancia al recurso de casación, sin que haya una decisión de segunda instancia en el medio.
En Colombia, el recurso de casación es un medio de impugnación extraordinario que se utiliza para revisar las decisiones de los tribunales de segunda instancia en materia civil, laboral, penal y contencioso-administrativo. La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de Colombia y es la encargada de conocer los recursos de casación.
El recurso de casación persaltum es una figura excepcional que se utiliza en casos muy específicos, por ejemplo, cuando la decisión de primera instancia es considerada arbitraria, ilegal o inconstitucional, o cuando la interpretación de la ley realizada por el juez de primera instancia es considerada errónea o equivocada.
Es importante destacar que este recurso no es común y solo puede ser utilizado en casos muy específicos y excepcionales. Además, su uso puede ser objeto de controversia y debate en la comunidad jurídica y en la sociedad en general.
En Colombia, el recurso de casación debe interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la sentencia que se pretende impugnar. Este plazo es establecido por el Código de Procedimiento Civil y se aplica a todas las áreas del derecho, incluyendo lo penal, laboral y contencioso-administrativo.
Es importante tener en cuenta que el plazo para interponer el recurso de casación es de carácter perentorio, es decir, no es posible solicitar su ampliación o prórroga. Por lo tanto, es fundamental estar atentos a los plazos y a la notificación de la sentencia, para poder presentar el recurso dentro del tiempo establecido.
En caso de que el recurso de casación sea presentado después del plazo establecido, será declarado inadmisible y se perderá la oportunidad de impugnar la sentencia en cuestión mediante este recurso extraordinario. Por esta razón, es importante contar con el asesoramiento de un abogado especializado en el tema para poder actuar dentro de los plazos y cumplir con los requisitos establecidos por la ley.
jueves, 2 de marzo de 2023
Acción de reparación directa por privación injusta de la libertad en Colombia
La acción de reparación directa por privación injusta de la libertad es un mecanismo que permite a las personas que han sido detenidas de manera ilegal en Colombia, obtener una compensación por los daños y perjuicios causados por dicha privación de la libertad. Este mecanismo se encuentra regulado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en su artículo 86, y es una herramienta importante para proteger los derechos fundamentales de las personas en el país.
La privación injusta de la libertad es una violación grave de los derechos humanos y puede tener consecuencias traumáticas para las personas afectadas. La acción de reparación directa busca compensar los daños sufridos por la persona detenida, ya sea físicos, psicológicos, morales, económicos, entre otros. Además, esta acción también tiene como objetivo prevenir futuras violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades y promover el respeto por el Estado de Derecho.
Para que proceda la acción de reparación directa, es necesario que se haya presentado una privación injusta de la libertad, es decir, que la persona haya sido detenida sin haber cometido ningún delito o que se haya vulnerado algún derecho fundamental en el proceso de su detención. En estos casos, la persona afectada deberá demostrar que se han causado daños y perjuicios, y que estos son consecuencia directa de la privación de la libertad.
Es importante destacar que la acción de reparación directa no es un proceso penal, sino un proceso administrativo que se realiza ante las entidades estatales responsables de la detención ilegal. En este sentido, la acción puede ser presentada ante la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) o cualquier otra entidad que haya tenido responsabilidad en la detención injusta.
El proceso de la acción de reparación directa comienza con la presentación de una demanda ante la autoridad competente. En esta demanda, se deben incluir todos los detalles de la privación injusta de la libertad y los daños sufridos como consecuencia de esta. Una vez presentada la demanda, la autoridad competente deberá responder en un plazo máximo de 15 días hábiles. Si la respuesta es negativa, la persona afectada puede presentar un recurso de reposición y, en última instancia, un recurso de apelación ante el Consejo de Estado.
Es importante mencionar que la acción de reparación directa no es el único mecanismo de protección de los derechos humanos en Colombia. Las personas afectadas por una privación injusta de la libertad también pueden acudir a la acción de habeas corpus, la cual tiene como objetivo garantizar la libertad inmediata de la persona detenida. Además, existe la acción de tutela, que permite proteger los derechos fundamentales de las personas en casos de violación o amenaza de violación.
En conclusión, la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad es un mecanismo importante para proteger los derechos humanos en Colombia. Esta acción busca compensar los daños y perjuicios sufridos por las personas afectadas por una detención ilegal, y también tiene como objetivo prevenir futuras violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades.
La reparación directa por privación injusta de la libertad es un mecanismo jurídico a través del cual una persona puede reclamar una indemnización por el tiempo que estuvo privada de su libertad de manera injusta. Los requisitos para poder solicitar una reparación directa por privación injusta de la libertad en Colombia son los siguientes:
La persona debe haber sido privada de su libertad de manera injusta: es decir, que se haya vulnerado su derecho a la libertad personal, sin que exista una orden judicial válida o sin que se haya cometido un delito que justifique la detención.
La persona debe haber sido absuelta o declarada inocente: para poder solicitar una reparación directa por privación injusta de la libertad, la persona debe haber sido absuelta o declarada inocente por una autoridad competente, como un juez o un fiscal.
La persona debe haber sufrido un perjuicio: la privación injusta de la libertad debe haber causado un daño o perjuicio a la persona, como la pérdida de empleo, la afectación en su reputación o el sufrimiento físico o emocional.
La persona debe presentar la solicitud dentro del plazo establecido: para solicitar una reparación directa por privación injusta de la libertad, la persona debe presentar la solicitud dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se produjo la privación de la libertad injusta.
Es importante señalar que la solicitud de reparación directa por privación injusta de la libertad debe presentarse ante el tribunal competente y debe ser acompañada de los documentos necesarios que acrediten la privación de la libertad injusta y el perjuicio sufrido.
Para la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado consagrada en el artículo 90 constitucional es necesaria la comprobación de (a) un daño antijurídico, (b) que le sea imputable al Estado (causalidad jurídica) y que sea (c) producido por una acción u omisión de una entidad pública o de alguno de sus agentes (causalidad material). El núcleo esencial del artículo 90 Superior que consagra el régimen general de responsabilidad estatal, se erige como uno de estos límites intransgredibles por el actuar legislativo.
En cuanto a la competencia, el artículo 152 del CPACA se la atribuye a los tribunales administrativos en su primera instancia, cuando las pretensiones excedan los 1.000 smlmv, de lo contrario dicha competencia será de los juzgados administrativos del lugar donde ocurrió el daño o donde tenga su domicilio la entidad demandada.
Implementación de la IA en la Administración de Justicia: Retos y Consideraciones
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